Una de las manifestaciones de la crisis de lo político en la actualidad es
la creciente falta de representatividad de las instancias representativas,
comenzando por los representantes electos.
En el caso de América Latina, y de
El Salvador en particular, es claro que hay un divorcio entre las aspiraciones
y demandas de los ciudadanos y la incapacidad de las instituciones políticas
para procesar adecuadamente esas demandas y darles satisfacción. Esto lleva a
una crisis de legitimidad de las democracias representativas.
En teoría, los sistemas de representación son un intento de organizar la
sociedad de tal forma que quienes gobiernan lo hagan con el consentimiento
libre de los gobernados y buscando el bien común de la sociedad.
Históricamente, ningún sistema de representación es verdaderamente democrático,
si por democrático entendemos el autogobierno del pueblo. R. Dahl destaca que
la representación política en Occidente es un injerto de una práctica medieval
(no democrática) que se utiliza desde el s. XVIII (Madison, Jefferson, J.S.
Mill) para “democratizar” la política, conforme a un ideal menos inequitativo
del “demos”, por lo que todos los sistemas de representación reconocen en los
gobernantes un cierto carácter de élite, lo cual se opone al auténtico espíritu
democrático.
En cualquier caso, la democracia representativa ha terminado considerándose
el mejor camino para organizar democráticamente a sociedades modernas,
numerosas y complejas, en las que es muy difícil construir democracias
directas. Esto, sin embargo, plantea varios retos: ¿Cómo hacer democracias más
participativas y deliberativas? ¿Cómo conciliar los sistemas democráticos de
representación con la existencia de un gran número de representados que no
tienen las condiciones materiales mínimas para participar libre y
conscientemente en la vida pública? ¿Cómo conciliar libertad con igualdad,
especialmente en sociedades con grandes segmentos población sumidos en la
extrema pobreza o la exclusión?
Los sistemas de representación política han presentado y presentan una
serie de perversiones, hoy más agudizados en el contexto histórico actual. Una
de ellas, es la degradación de la calidad de buena parte de los representantes.
Los mecanismos de selección de los representantes políticos no parecen dar como
resultado una selección “aristocrática”, en el sentido aristotélico del término,
de gobierno de los mejores, tanto ética como intelectualmente, de ciudadanas y de
ciudadanos preocupados por servir de forma históricamente suficiente al bien
común.
Aunado a la ausencia de “calidad política” en los representantes, hay que
mencionar el fenómeno de la corrupción política, una corrupción
institucionalizada que lleva a instrumentalizar lo público de forma
“particularista”, combinada con la peor de la lógica que les impone a los representantes el sistema de democracia
de partidos (financiamiento irregular de los partidos, oligarquización y
burocratismo, clientelismo, tráfico de influencias, búsqueda de ventajas
personales, entre otros aspectos negativos). La uniformidad que impone la
disciplina de partido está reñida con la verdadera autonomía ética y política
que deben ejercitar los representantes.
Además, la falta de rendición de cuentas de las instituciones políticas, la
escasa generación de una opinión pública debidamente informada que critique y
señale los problemas y de una participación organizada de la sociedad que sirva
para controlar el ejercicio del poder, son otras formas de perversión de la
democracia representativa, porque alimentan el secretismo de las acciones estatales,
la discrecionalidad del ejercicio poder y la influencia del poder “invisible”
de los centros de poder político y económico.
Como dice Norberto Bobbio, cuando la representación política es desplazada
por la “representación de los intereses” y estos se afirman en clave de
individualismo posesivo o de corporativismo, el representante se degrada en su
calidad y acaba sirviendo a intereses no democráticos.
Héctor Samour
